Hace más de 25 años, la historiadora norteamericana Barbara Tuchman escribió acerca de la locura en la historia, o cómo determinados actores políticos tomaron decisiones catastróficas aún cuando existían otras alternativas más favorables a sus intereses. Esa locura, hecha de ceguera y obsesión, es la que por ejemplo empujó a los Estados Unidos a la guerra de Vietnam. Sin el dramatismo de la guerra, observamos en nuestro escenario político actual que la compulsión al error, lejos de análisis o reflexión, abarca las opciones del arco opositor. Quizás adoptar una lógica que obra en contra de sus propios intereses, aunque les impide pensar el mediano plazo, satisface sus repulsiones inmediatas hacia el proyecto nacional, su conducción y sus actos de gobierno. Así es como presentan a la sociedad una alternativa basada sólo en la destrucción de lo realizado; adoptan frente a cada situación la alternativa que más desgaste o desestabilice al Gobierno, aunque vaya en contra de los intereses de los argentinos, y quizá de la vocación de poder de los propios opositores. Veamos algunos ejemplos.
La Resolución 125. La primera reacción violenta del establishment en contra de la política económica del Gobierno fue el conflicto que comenzó en marzo de 2008 sobre las retenciones a las exportaciones agrarias. Allí se enfrentó el bloque de empresarios agrarios contra el Gobierno. Era una disputa por la apropiación de 3.000 millones de dólares. Es lógico que los rentistas y productores grandes y medianos pelearan por esa renta; pero la mayoría de los activistas que cortaban rutas eran pequeños productores. Pues bien: en la Cámara de Diputados se aprobó un dictamen con un sistema de compensaciones y reintegros que aumentaba la rentabilidad de los productores más chicos (por ejemplo, establecía retenciones segmentadas y subvenciones por la distancia a los puertos). El rechazo del arco opositor y de la Mesa de Enlace a esta solución favoreció a los rentistas y productores medianos y grandes, y dañó a los pequeños. Sin embargo, los perjudicados recibieron con alegría esta decisión y continuaron trabajando como barrabravas de la Mesa de Enlace. Perdieron así las ventajas que les otorgaba la Resolución 125 tal como se aprobó en la Cámara de Diputados. Su encono en contra del Gobierno les impidió pensar.
El uso de reservas internacionales. El tema del pago de deuda externa con reservas convulsionó al país en los primeros meses de 2010: nos quedaríamos sin reservas, el país quebraría, se dilapidaría el patrimonio nacional. Había que impedirlo a toda costa; para eso se movilizó el aparato mediático, salió con escándalo el presidente del Banco Central, gritaron los gurúes, el arco opositor llamó a la defensa de la Patria.
Sin embargo, el problema era mucho más simple. Las reservas son de uso normal: pagar importaciones, servicios de turismo, dividendos de la inversión extranjera, mantener el sistema cambiario de “flotación administrada”. No existe ningún problema para el uso de reservas. La razón del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado sólo era autorizar al Banco Central a recibir a cambio de las reservas a utilizar, una letra emitida por el Tesoro Nacional en lugar de pesos.
Vista la legalidad de esa operación, quedaban tres posibilidades para cubrir la deuda que vence en 2010: pagar con más endeudamiento, con aportes presupuestarios o utilizar reservas.
El endeudamiento en el mercado de capitales requería el pago de intereses usurarios cercanos al 14% anual. El pago con aportes presupuestarios suponía lograr un superávit fiscal primario del orden de 5 puntos del producto interno bruto; hubiera requerido un ajuste fiscal salvaje que desencadenaría una recesión que disminuiría los recursos fiscales.
En definitiva, el Gobierno optó por pagar con el uso de reservas. Existen las necesarias como para administrar el tipo de cambio y prevenir eventuales shocks externos. Esas reservas reditúan una tasa de interés muy baja. Es lógico entonces utilizarlas para cubrir los vencimientos de deuda. Nadie recurriría a un usurero ni hambrearía a sus hijos si tiene dinero de sobra en su casa.
En este caso, el arco opositor, integrado además de los políticos por destacados miembros del establishment económico, no vaciló en oponerse al pago con reservas, aunque se deterioraran las condiciones económicas del país. No le importaba si a poco andar subía la tasa de interés o se instalaba una recesión, aunque lo afectara como empresario y hasta pudiera arruinarlo. Lo que importaba en lo inmediato era deteriorar al Gobierno. Otra vez era el prejuicio que les impedía pensar, de acuerdo con la definición de Horacio González.
El pago del 82% en las jubilaciones. El tema actual de discusión es el aumento de las jubilaciones hasta el 82% de lo que cobran los trabajadores en actividad. Se han presentado varios proyectos de los que resultan costos anuales de 22.000 millones de pesos si se otorga ese aumento sólo a quienes tienen la jubilación mínima; y 140.000 millones si se amplía a todos los jubilados. Es probable que por el principio de igualdad ante la ley, aunque se sancionara el proyecto de mínima, se extiendan los beneficios a todos los jubilados.
La característica de estos proyectos es que les falta el cálculo del costo fiscal y no determinan la fuente de financiamiento. Violan así la ley 24.156 de Administración Financiera y el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Tampoco se consideran las estimaciones actuariales de la evolución del sistema previsional, que cada vez tiene menos trabajadores activos para financiar a los jubilados. Carece de prospectiva para asegurar la sostenibilidad del sistema, en el presente y en el futuro.
Si se sancionara la ley, los importantes montos en juego y la falta de financiamiento llevarían a un ajuste fiscal que haría imposibles los aumentos que se otorgan en el papel. Ya ocurrió: el presidente Alfonsín, entre otras medidas, decretó la emergencia previsional y paralizó los juicios contra las Cajas Nacionales de Previsión. En 2001, el presidente de la Rúa les quitó el 13% a los jubilados, aun cuando no se pagaba el 82%.
En cambio, la política de aumentos paulatinos y constantes que practica el Gobierno ha subido la jubilación mínima de 150 pesos en 2003 a 1.090 en 2010. Se otorgan incrementos viables y permanentes, fijados por ley, que se relacionan con los salarios de los trabajadores en actividad y la recaudación fiscal, que son las fuentes de financiamiento de la seguridad social. Refiriéndose a insensateces análogas, se ha dicho: “Se prefirió perseguir lo impracticable, a riesgo de perder lo posible. Es una de las necedades gubernamentales más conocidas” (Barbara Tuchman, La marche folle de l’histoire, París, 1985).
Lo que ocurre es que, otra vez, el objetivo no es mejorar la situación de los jubilados, sino desgastar al Gobierno, sea provocando una crisis fiscal si se concede el aumento; o presentándolo ante la opinión pública como sádico, en una operación mediática. Se reitera la conducta: la ofuscación impide pensar.
Desfinanciamiento y más gastos. El arco opositor se ha propuesto desfinanciar al gobierno. De tal modo creen, en un cálculo de mínima, que pueden frustrar las obras públicas y las nuevas conquistas sociales, lo cual disminuiría las posibilidades electorales del oficialismo; y en una esperanza de máxima, que se desencadenaría una crisis financiera de tal magnitud que voltearía al Gobierno. Para eso, por una parte le quitan ingresos al Estado nacional y por el otro le imponen pesadas obligaciones financieras.
Algunos de los recursos que se le quitarían al Gobierno Nacional son: primero, la autorización para retener el 15% de los impuestos coparticipables; según los proyectos presentados, tiene un costo fiscal que oscila según sus distintas modalidades, entre 78.790 millones de pesos y 20.320 millones. Segundo, la coparticipación a las provincias del impuesto al cheque, con un costo fiscal de 9.800 millones de pesos. Tercero, oposición al uso de reservas para pagar deuda externa, lo cual hubiera recargado al presupuesto nacional en 6.569 millones de dólares. Por el otro lado, se le imponen al Gobierno nuevos y pesados gastos. Los que implican el 82% jubilatorio oscilan entre 22.400 millones de pesos a 140.000 millones, según su cobertura.
Frente a esta realidad surgen preguntas obvias: ¿están bloqueados para pensar más allá de lo inmediato? ¿O han renunciado a gobernar y entonces no les importa que se establezcan futuras trabas insalvables? La ecuación de la insensatez no parece seducir a una sociedad argentina que, paso a paso, toma conciencia de la magnitud de los cambios realizados y de las transformaciones en marcha.
"Cuando elegí ser Evita sé que elegi el camino de mi pueblo. Ahora, a cuatro años de aquella elección, me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así. Nadie sino el pueblo me llama Evita. Solamente aprendieron a llamarme así los Descamisados. Los hombres de gobierno, los dirigentes políticos, los embajadores, los hombres de empresa, profesionales, intelectuales, etc., que me visitan suelen llamarme "Señora", y algunos incluso me dicen publicamente "Excelentísima o Dignísima Señora" y aún a veces, "Señora Presidenta". Ellos no ven en mi más que a Eva Perón. Los Descamisados, en cambio, no me conocen sino como Evita. Yo me les presenté así, por otra parte, el día que salí al encuentro de los humildes de mi tierra diciéndoles que "prefería ser Evita" a ser la esposa del Presidente si ese Evita servía para mitigar algún dolor o alguna lágrima. Y cosa rara, si los hombres de gobierno, los dirigentes, los políticos, los embajadores, los que me llaman "Señora" me llamasen Evita me resultaría tal vez tan raro y fuera de lugar como que un "pibe", un obrero o un persona del pueblo me llamase "Señora". Pero creo que aun más raro e ineficaz habría de parecerles a ellos mismos. Ahora si me preguntasen que prefiero, mi respuesta no tardaría en salir de mí: me gusta más mi nombre de pueblo. Cuando un pibe me nombra Evita me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama Evita me siento con gusto "compañera" de todos los hombres."
"La Razón de mi Vida" , 1951.
ACTA DE LA INDEPENDENCIA DE LAS PROVINCIAS UNIDAS EN
SUD-AMERICA
En la benemérita y muy digna Ciudad de San Miguel del Tucumán a nueve días del mes de julio de mil ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado, objeto de la independencia de los Pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España; los Representantes sin embargo consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya, Pueblos representados y posteridad; a su término fueron preguntados:
¿Si querían que las Provincias de la Unión fuesen una Nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Aclamaron primero llenos del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su un nime y espontáneo decidido voto por la independencia del País, fijando en su virtud la determinación siguiente:
Nos los Representantes de las Provincias Unidas en Sud América reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unámime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama.
Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un Manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.
Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros Diputados Secretarios.
Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San Juan, Presidente
Mariano Boedo, Vice Presidente, Diputado por Salta
Dr. Antonio Sáenz, Diputado por Buenos Aires
Dr. José Darragueira, Diputado por Buenos Aires
Fray Cayetano José Rodríguez, Diputado por Buenos Aires
Dr. Pedro Medrano, Diputado por Buenos Aires
Dr. Manuel Antonio Acevedo, Diputado por Catamarca
Dr. José Ignacio de Gorriti, Diputado por Salta
Dr. José Andrés Pacheco de Melo, Diputado por Chibchas
Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado por la Ciudad de Jujuy y su territorio
Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba
Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza
Dr. Pedro Miguel Aráoz, Diputado por la Capital del Tucumán
Dr. Esteban Agustín Gazcón, Diputado por la Provincia de Buenos Aires
Pedro Francisco de Uriarte, Diputado por Santiago del Estero
Pedro León Gallo, Diputado de Santiago del Estero
Pedro Ignacio Rivera, Diputado de Mizque
Dr. Mariano Sánchez de Loria, Diputado por Charcas
Dr. José Severo Malabia, Diputado por Charcas
Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado por La Rioja
Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Diputado por Córdoba
Dr. José Colombres, Diputado por Catamarca
Dr. José Ignacio Thames, Diputado por Tucumán
Fray Justo de Santa María de Oro, Diputado por San Juan
José Antonio Cabrera, Diputado por Córdoba
Dr. Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza
Tomás Manuel de Anchorena, Diputado de Buenos Aires
José Mariano Serrano, Diputado por Charcas, Secretario
Juan José Paso, Diputado por Buenos Aires, Secretario.
En los primeros diez años del siglo, casi una decena de países en todo el mundo ha transformado en ley el derecho al matrimonio de las parejas integradas por personas del mismo sexo. El primero de ellos fue Holanda, precisamente en 2001. La Cámara de Senadores debe decidir ahora si la Argentina se incorpora a ese grupo de países que ha ampliado el marco de los derechos que garantiza a sus ciudadanos, o si se repliega al de los que prefieren mantener las legislaciones tradicionales, con toda su carga de discriminación y de prejuicio.
Si logran imponerse los que han optado por restringir los derechos, y conservar por lo tanto la institución matrimonial como privilegio exclusivo de las parejas heterosexuales, la igualdad ante la ley habrá retrocedido un casillero. Los activistas de este bando, como se sabe, actúan desde convicciones confesionales a las que pretenden dar valor universal, o desde concepciones arcaicas de la familia, o desde el mero prejuicio. En cualquier caso, deberían saber que su éxito –además de causar dolor y desaliento a los damnificados– no hará más que retrasar temporariamente la sanción de un derecho que seguramente va a extenderse a todo el mundo en los próximos años.
Ello es así porque lo que ha sucedido es que en las sociedades contemporáneas se ha hecho visible con absoluta nitidez una necesidad: la de miles de hombres y mujeres cuyas uniones carecen de la protección legal de la que disfrutan otras, y que padecen la frustración de no poder adoptar y criar a sus propios hijos. Y nuestras sociedades perciben también que, parafraseando a Eva Perón, allí donde hay una necesidad nace un derecho.
Ha sucedido antes, con otras reformas que fueron duramente resistidas por sectores sociales análogos a los que se resisten a ésta. Hoy resultaría difícil imaginar a quien no los conociera de antemano, por ejemplo, los argumentos que se oponían a la enseñanza laica o al divorcio vincular. Es que han sido barridos por la historia: el mismo destino que aguarda a los que se esgrimen contra la reforma del matrimonio.
Si los senadores, en cambio, aprueban el proyecto que ya tiene la media sanción de Diputados, no sólo habrán hecho justicia, sino que habrán contribuido a que nuestro país se ubique con firmeza entre los que impulsan la extensión de los derechos, no su restricción. Los rebeldes checos que lideraron en 1968 el proceso de reformas que se conoce como la Primavera de Praga, y que se proclamaban socialistas y democráticos, soñaban con una sociedad que asegurara a sus miembros “más derechos que los que ha tenido cualquier otra sociedad en la historia”. Una historia que cada tanto ofrece una oportunidad para ponerse en ese camino. Esta es una de ellas.
Jorge Rivas, Diputado Nacional por el Partido Socialista.
