28 junio 2010

SI al Premio Nobel para las Abuelas


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En Argentina, desde 1976 hasta 1983 se sucedieron los hechos más funestos de nuestra historia.
En vista de implantar el modelo neoliberal que imperó hasta 2003, la maquinaria del capital concentrado desató un feroz operativo represivo que buscaba exterminar o hacer callar a todo aquel que se opusiera a su perverso plan. Para ello se valieron de terribles métodos que ofenden a la propia condición humana. El blanco principal fueron los jóvenes, solo ser joven era peligroso. Miles de ellos fueron secuestrados y entre ellos cientos de mujeres embarazadas que nunca vieron crecer a sus hijos.
Las madres de estos militantes secuestrados y las abuelas de estos niños nacidos en cautiverio comenzaron a buscar sin descanso el encuentro con sus nietos, búsqueda que aún hoy perdura. A lo largo de esta búsqueda han tenido que enfrentar gobiernos dictatoriales o de democracias otrora indeferentes.
Estamos convencidos de que otorgar el Premio Nobel de la Paz a las Abuelas de Plaza de Mayo será un empuje hacia el esclarecimiento de la identidad de los jóvenes que aún no saben quienes son y un merecido homenaje a estas luchadoras incansables del Amor y la Verdad.

Por estas razones, desde LA JAURETCHE nos sumamos a la campaña de apoyo a su candidatura. El trabajo metódico y permanente de los hijos de nuestros desaparecidos que continuaron a pesar de los indultos y el olvido, es un testimonio de lucha por la memoria que ilumina a toda la humanidad.

22 junio 2010

Imagen del día. Aniversario del fallecimiento de Leopoldo Marechal


El 26 de Junio de 1970 muere en Buenos Aires el poeta, dramaturgo, profesor, cuentista y novelista argentino Leopoldo Marechal.

Al 17 de octubre


Era el pueblo de Mayo quien sufría,
no ya el rigor de un odio forastero,
sino la vergonzosa tiranía
del olvido, la incuria y el dinero.
El mismo pueblo que ganara un día
su libertad al filo del acero
tanteaba el porvenir, y en su agonía
le hablaban solo el Río y el Pampero
De pronto alzó la frente y se hizo rayo
(¡era en Octubre y parecía Mayo!),
y conquistó sus nuevas primaveras.
El mismo pueblo fue y otra victoria.
Y, como ayer, enamoró a la Gloria,
¡y Juan y Eva Peròn fueron banderas!

Soberanía económica y educativa


Hace más de dos décadas que comenzaron a desembarcar en América latina los agentes del mercado educativo, tanto desde empresas privadas como desde organismos internacionales. El proyecto ALFA Tuning incluyó a nuestra región desde 2002, cuando avanzó en la creación de un Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión europea, América Latina y el Caribe (Uealc). Fue acompañado por numerosos acuerdos bilaterales y multilaterales entre organismos internacionales, universidades, fundaciones empresariales y empresas.

En 1999, los ministros europeos de Educación firmaron en Bologna, Italia, el llamado Espacio europeo de educación superior”, donde participan activamente autoridades universitarias, académicos neoliberales y empresarios. La razón de ser de ese espacio es que la educación alcanza un presupuesto anual mundial de cerca de 1 billón de dólares, con 50 millones de trabajadores y una clientela potencial de mil millones de alumnos. Se trata de la más cautiva de las clientelas posibles en la medida en que se logre deteriorar la función educativa de los Estados.

A diferencia de lo propugnado por los organismos internacionales, la articulación entre sistemas escolares, la correlación y validación de estudios, la movilidad internacional de estudiantes y docentes, la coordinación de los criterios de evaluación, y otras medidas que se están tomando, no son neutrales. Varios congresos internacionales de educación superior que se han realizado en América latina en la última década tienen el claro objetivo de alinear la región en los términos impuestos por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para extender el que se había realizado previamente en Sevilla, en 2005, se realizó el II Encuentro de Rectores de Universia, una red de universidades orientada hacia el mercado desde la cual los invitados fueron convocados por Emilio Botín, presidente del Banco Santander. En mayo se reunieron en Guadalajara, México, 985 rectores de universidades iberoamericanas, empresarios, ONG y representantes de gobiernos, “para marcarles a los países de Latinoamérica el camino que creen que hay que recorrer para construir un espacio iberoamericano del conocimiento, al estilo de lo que ha hecho (...) el proceso de Bologna en Europa” (El País, Madrid, 1-6-10).

Más allá del palabrerío pseudoprogresista que enmarca las declaraciones surgidas del proceso de Bolonia, el eje sobre el cual se apoya esta reforma de las universidades es la implantación universal de guías sobre lo que una bizarra asociación entre especialistas en educación y representantes de los intereses financieros internacionales entiende por “calidad” de los conocimientos y de las competencias, así como criterios e ítem de evaluación adecuados a estándares que permiten construir rankings de instituciones, graduados y alumnos. Una guía detallada al servicio de las necesidades empresariales de selección de personal. La creación de agencias privadas de evaluación de la calidad educativa y acreditación es una herramienta del mercado educativo que sustituye al Estado en una función que le es propia.

Urge que nuestra región consolide el principio de la Ley de Educación Nacional de 2006, que establece que la educación es un bien social no transable, y profundizar la orientación que proporcionó a la política de educación el acuerdo sellado entre Argentina y Brasil en 2007, que rechaza la apertura del mercado libre de la educación considerada por la OMC como un bien transable. Es necesario detener el avance del neoliberalismo educativo en nuestros países. El Mercosur y el Unasur son los espacios para ponerle límites y hacer acuerdos regionales para reformar nuestra educación superior con soluciones democráticas, nacionales y populares. Estos términos, lejos de ser demagógicos, contienen una larga experiencia en la política educativa latinoamericana y expresiones actuales exitosas, así como la aprobación de la mayor parte de la comunidad de la educación superior argentina.

17 junio 2010

La Ley de Medios es solo cuestión de tiempo

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Por unanimidad, los ministros de la Corte revocaron la decisión de la Justicia mendocina. Sin embargo, la ley de medios seguirá suspendida por un fallo similar en Salta. Se calcula que ahora la Cámara salteña levantaría la medida.

Por Irina Hauser - Página/12

“Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes (de modo general) ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860.” La advertencia surge de uno de los párrafos centrales del fallo de la Corte Suprema que ayer revocó, por unanimidad, la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza que había suspendido la aplicación de la ley de servicios audiovisuales íntegra a pedido del diputado del peronismo federal Enrique Thomas. La resolución de los jueces supremos tiene la impronta de un llamado de atención hacia todos los tribunales y fija un límite frente a lo que ven como una tendencia creciente a paralizar normas, disposiciones o políticas de gobierno con medidas cautelares. También sostiene que ningún legislador puede impugnar en el ámbito judicial el proceso de sanción de una ley para tratar de “reeditar” así un “debate que perdió en el Parlamento”. Admitirlo, dice la Corte, sería violentar la división de poderes y “abriría el camino hacia la anarquía poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes”.

Frente al fallo de la Corte, la ley de medios no recobrará su vigencia de manera automática porque todavía sigue en pie una medida cautelar dispuesta por el juez de Salta, Miguel Medina. El caso salteño, promovido por otra peronista disidente, la diputada Zulema Daher, llegó con la apelación del Gobierno a la Cámara Federal de la provincia, y sería resuelto entre hoy y mañana. 

Razones supremas

Dos integrantes de la Corte tradujeron a Página/12 el espíritu del fallo: “Queremos evitar que los jueces gobiernen a través de medidas cautelares”. El fallo que firmaron los siete jueces del alto tribunal (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Enrique Petracchi y Carlos Fayt) está en sintonía con el dictamen del procurador Esteban Righi. No analiza la constitucionalidad del contenido de la ley sino que revoca la medida cautelar que la congeló con el fin –enfatiza– de “corregir una deformación que introduciría el caos en la vigencia de las leyes sancionadas por el Congreso lesionando para siempre el ejercicio de los poderes constitucionales”. El texto de la Corte desarrolla cuatro conceptos decisivos, basados en la propia doctrina suprema:

- La discusión por la suspensión judicial de toda la ley de medios es un asunto “de gravedad institucional” porque “compromete” al “principio de división de poderes” al “neutralizar” la ejecución de una norma aprobada en el Congreso y al sistema mismo de “control de constitucionalidad”.

- Thomas no tiene legitimación como ciudadano para cuestionar la ley porque no demuestra un perjuicio directo ni un “interés concreto” y “diferenciado”. Tampoco la tiene como supuesto representante del “interés de todos los ciudadanos” porque eso “deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la Legislatura y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares”. La Corte, además, no puede evaluar la constitucionalidad de una ley “en abstracto”, sino un caso concreto con derechos afectados.

- Thomas fue electo, dice la Corte, para representar a los ciudadanos en el ámbito del Congreso, pero no puede pretender lograr en el terreno judicial la “reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo”. Sólo podría reclamar legitimación si demostrara “un daño claro, directo inmediato de sus prerrogativas legislativas”, pero no lo hizo. “No surge” que haya sido “inequívocamente privado de ejercer las atribuciones que le asisten como legislador”.

- Ningún tribunal puede suspender o derogar una ley con efectos generales para toda la población. Ni Thomas ni ningún legislador “representa a la cámara legislativa que integra ni al pueblo de la Nación, por lo cual se arribaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado sino que, incluso, podrían no compartirla”, sostiene el fallo. “Una cautelar que suspende la vigencia de toda la ley” afecta “el principio constitucional de división de poderes”, “al modelo de control de constitucionalidad” y “no respeta el criterio de razonabilidad”, agrega. “La dispersión de una potestad contralegislativa de semejante magnitud es inimaginable, dado que abriría el camino hacia la anarquía poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes”, alerta.

“Lo importante –celebró Joaquín Da Rocha, jefe de los abogados del Estado– es que la Corte ha puesto las cosas en su lugar. Podían tan solo haber cuestionado la legitimación de Thomas, pero dijeron mucho más: si ante cada ley un juez la invalida, no va a haber más leyes.” Thomas, despechado, difundió un comunicado donde dice que “la celeridad con que el máximo tribunal ha resuelto un asunto de tamaña complejidad es, cuanto menos, llamativa”.