
PROCEDA!
Hasta el 10 de diciembre los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata pueden inscribirse para postularse a las diferentes Becas del Programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar, contempladas en el Plan Estratégico de Gestión 2010-2014. Para postularse sólo deben completar el formulario electrónico disponible en www.becas.unlp.edu.ar.
El sistema de becas tiene como objetivo contener a aquellos alumnos con dificultades socioeconómicas, para que puedan concluir sus estudios de grado.
Los estudiantes universitarios pueden acceder a diferentes beneficios de acuerdo a sus necesidades:
Por otra parte, la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNLP, con el objetivo de responder a las necesidades de todos los estudiantes, diversifica y amplía año a año su sistema de Becas. Además de las Becas de Ayuda Económicas, otorga Becas de Transporte:
Para más información comunicarse a dbe.presidencia@presi.unlp.edu.ar. Telefónicamente al (0221) 483-2760 o acercarse a la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad, calle 7 entre 47 y 48, en el horario de 9 a 17.
Los que escribimos este volante somos de la Juventud Peronista, y somos Kirchneristas hasta la médula. ¿Sabés por qué?
Nosotros vivimos nuestra infancia durante la oscura década del 90. Tenemos el recuerdo de ver caras largas por doquier, de ver playas en el verano cada vez más vacías año a año. Tenemos la imagen mental de una cena familiar donde siempre se hablaba de lo mismo: o de un conocido que había perdido el trabajo o de algún otro que se estaba por ir de su país.
También nos acordamos de una publicidad donde un niño rico negreaba a su mayordomo para que le traiga un poco de jugo, y a nadie parecía indignarle. Nos acordamos de una década donde muy pocos cambiaban el auto… y otros tantos lo vendían a las apuradas. Fueron años donde parecía de estúpidos hablar construir un mundo más justo, donde reinaba la frivolidad y donde los milicos asesinos se paseaban cómodos por la calle. Tenemos el recuerdo también del corralito y el club del trueque, de los científicos que tenían que ir “a lavar los platos” y de la Carpa Blanca de los maestros. Esos años, en los que se remató el país y con ello los sueños de millones de argentinos terminaron dejándonos un 57% de pobreza y un 24% de desocupación.
Sin embargo, en el 2003 llegó el Proyecto Nacional de la mano de su líder, Néstor Kirchner.
Con este proyecto, nuestro proyecto, millones de personas recuperaron su empleo y millones pudieron salir de la indigencia. Las mañanas y mediodías son cada vez más pobladas de guardapolvos blancos de pibes que ahora pueden ir a la escuela. Ya no se puede hablar más del fin de las ideologías o de que tratar de cambiar el país está pasado de moda: ahora existe la discusión política, y la política es una herramienta para hacer el país todos los días un poquito más justo. Pudimos hermanarnos con los países de América Latina, dejamos de mirar con envidia al norte para construir con los países que nos rodean una historia y un futuro en común. Las bestias asesinas del pasado ya no andan impunemente por la calle, hoy son el objeto del repudio de la sociedad, y los jóvenes que dieron su vida por una patria más justa son reivindicados.
Gracias Néstor, por las millones de personas que se pudieron jubilar con tu proyecto, gracias por tantas escuelas, hospitales y caminos. Gracias por todos los argentinos que pudieron volver a su tierra, porque ahora todas las personas que se quieren se pueden casar, sin distinción de género. Gracias por tantos puestos de trabajo, gracias porque con este proyecto recuperamos nuestra Línea de Bandera y otras tantas empresas del Estado. Gracias por hacernos ver que es posible soñar, por desenmascarar al verdadero poder económico y a la corporación mediática. Gracias por enfrentarte a ellos y por contar con nosotros en esa lucha. Gracias por tantos abrazos a los trabajadores, y a las Abuelas de la Paz. Néstor, gracias por devolvernos los sueños y por devolverle la sonrisa a nuestro Pueblo. Eternamente gracias.
La Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata informa a todos los estudiantes beneficiados por el Programa de Becas Igualdad de Oportunidades para Estudiar que a partir de mañana martes comenzará a pagarse la segunda cuota correspondiente a las becas de Discapacidad, Inquilinos y Ayuda Económica 2010.
Los beneficiarios deberán dirigirse a la sucursal del Banco Nación de calle 4 Nº 168 (entre 35 y 36) en el horario de 10 a 15 hs con DNI para retirar la primera cuota por ventanilla.
El pago se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma; en caso de que un alumno no pudiera asistir a cobrar en la fecha establecida, podrá hacerlo entre el 24/09 y el 30/09 inclusive.
APELLIDO EMPIEZA CON | FECHA |
A - B | 14/09 |
C - D | 15/09 |
E - G | 16/09 |
H - L | 17/09 |
M - O | 20/09 |
P - R | 21/09 |
S - U | 22/09 |
V - Z | 23/09 |
"Apruébase la reglamentación de la Ley N° 26.522 de SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, la que como Anexo I, integra el presente decreto", señala el artículo 1º. El decreto faculta además a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba.
La reglamentación del artículo 161 dispone que "la Autoridad de Aplicación establecerá los mecanismos de transición a los fines de adecuar la situación de la totalidad de los licenciatarios a lo dispuesto en la Ley 26.522". En este sentido, el decreto publicado hoy diferencia tres modalidades para esta adecuación: la voluntaria, la constatación de oficio y la adecuación por transferencia de licencias.
El titular de la AFSC, Gabriel Mariotto, recordó que la norma permite "no más de 10 licencias de TV y radio abierta en todo el país y no más de 3 por área de cobertura", con lo cual "queda garanatizada la posibilidad de pluralidad y diversidad". Asimismo, remarcó que los medios que superen esas cantidades tendrán un año de plazo para "elegir y proponer qué medios seguirán explotando y cuáles no".
Mariotto reafirmó el espíritu antimonopólico de la ley al explicar que a partir de su vigencia "quien genera contenidos, por ejemplo para televisión abierta, no podrá ser el dueño de la empresa que distribuye, porque al tener una empresa el 80 por ciento de los abonados de cable, sólo distribuye y privilegia las que genera, atentando contra la diversidad y la pluralidad"
Hace más de 25 años, la historiadora norteamericana Barbara Tuchman escribió acerca de la locura en la historia, o cómo determinados actores políticos tomaron decisiones catastróficas aún cuando existían otras alternativas más favorables a sus intereses. Esa locura, hecha de ceguera y obsesión, es la que por ejemplo empujó a los Estados Unidos a la guerra de Vietnam. Sin el dramatismo de la guerra, observamos en nuestro escenario político actual que la compulsión al error, lejos de análisis o reflexión, abarca las opciones del arco opositor. Quizás adoptar una lógica que obra en contra de sus propios intereses, aunque les impide pensar el mediano plazo, satisface sus repulsiones inmediatas hacia el proyecto nacional, su conducción y sus actos de gobierno. Así es como presentan a la sociedad una alternativa basada sólo en la destrucción de lo realizado; adoptan frente a cada situación la alternativa que más desgaste o desestabilice al Gobierno, aunque vaya en contra de los intereses de los argentinos, y quizá de la vocación de poder de los propios opositores. Veamos algunos ejemplos.
La Resolución 125. La primera reacción violenta del establishment en contra de la política económica del Gobierno fue el conflicto que comenzó en marzo de 2008 sobre las retenciones a las exportaciones agrarias. Allí se enfrentó el bloque de empresarios agrarios contra el Gobierno. Era una disputa por la apropiación de 3.000 millones de dólares. Es lógico que los rentistas y productores grandes y medianos pelearan por esa renta; pero la mayoría de los activistas que cortaban rutas eran pequeños productores. Pues bien: en la Cámara de Diputados se aprobó un dictamen con un sistema de compensaciones y reintegros que aumentaba la rentabilidad de los productores más chicos (por ejemplo, establecía retenciones segmentadas y subvenciones por la distancia a los puertos). El rechazo del arco opositor y de la Mesa de Enlace a esta solución favoreció a los rentistas y productores medianos y grandes, y dañó a los pequeños. Sin embargo, los perjudicados recibieron con alegría esta decisión y continuaron trabajando como barrabravas de la Mesa de Enlace. Perdieron así las ventajas que les otorgaba la Resolución 125 tal como se aprobó en la Cámara de Diputados. Su encono en contra del Gobierno les impidió pensar.
El uso de reservas internacionales. El tema del pago de deuda externa con reservas convulsionó al país en los primeros meses de 2010: nos quedaríamos sin reservas, el país quebraría, se dilapidaría el patrimonio nacional. Había que impedirlo a toda costa; para eso se movilizó el aparato mediático, salió con escándalo el presidente del Banco Central, gritaron los gurúes, el arco opositor llamó a la defensa de la Patria.
Sin embargo, el problema era mucho más simple. Las reservas son de uso normal: pagar importaciones, servicios de turismo, dividendos de la inversión extranjera, mantener el sistema cambiario de “flotación administrada”. No existe ningún problema para el uso de reservas. La razón del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado sólo era autorizar al Banco Central a recibir a cambio de las reservas a utilizar, una letra emitida por el Tesoro Nacional en lugar de pesos.
Vista la legalidad de esa operación, quedaban tres posibilidades para cubrir la deuda que vence en 2010: pagar con más endeudamiento, con aportes presupuestarios o utilizar reservas.
El endeudamiento en el mercado de capitales requería el pago de intereses usurarios cercanos al 14% anual. El pago con aportes presupuestarios suponía lograr un superávit fiscal primario del orden de 5 puntos del producto interno bruto; hubiera requerido un ajuste fiscal salvaje que desencadenaría una recesión que disminuiría los recursos fiscales.
En definitiva, el Gobierno optó por pagar con el uso de reservas. Existen las necesarias como para administrar el tipo de cambio y prevenir eventuales shocks externos. Esas reservas reditúan una tasa de interés muy baja. Es lógico entonces utilizarlas para cubrir los vencimientos de deuda. Nadie recurriría a un usurero ni hambrearía a sus hijos si tiene dinero de sobra en su casa.
En este caso, el arco opositor, integrado además de los políticos por destacados miembros del establishment económico, no vaciló en oponerse al pago con reservas, aunque se deterioraran las condiciones económicas del país. No le importaba si a poco andar subía la tasa de interés o se instalaba una recesión, aunque lo afectara como empresario y hasta pudiera arruinarlo. Lo que importaba en lo inmediato era deteriorar al Gobierno. Otra vez era el prejuicio que les impedía pensar, de acuerdo con la definición de Horacio González.
El pago del 82% en las jubilaciones. El tema actual de discusión es el aumento de las jubilaciones hasta el 82% de lo que cobran los trabajadores en actividad. Se han presentado varios proyectos de los que resultan costos anuales de 22.000 millones de pesos si se otorga ese aumento sólo a quienes tienen la jubilación mínima; y 140.000 millones si se amplía a todos los jubilados. Es probable que por el principio de igualdad ante la ley, aunque se sancionara el proyecto de mínima, se extiendan los beneficios a todos los jubilados.
La característica de estos proyectos es que les falta el cálculo del costo fiscal y no determinan la fuente de financiamiento. Violan así la ley 24.156 de Administración Financiera y el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Tampoco se consideran las estimaciones actuariales de la evolución del sistema previsional, que cada vez tiene menos trabajadores activos para financiar a los jubilados. Carece de prospectiva para asegurar la sostenibilidad del sistema, en el presente y en el futuro.
Si se sancionara la ley, los importantes montos en juego y la falta de financiamiento llevarían a un ajuste fiscal que haría imposibles los aumentos que se otorgan en el papel. Ya ocurrió: el presidente Alfonsín, entre otras medidas, decretó la emergencia previsional y paralizó los juicios contra las Cajas Nacionales de Previsión. En 2001, el presidente de la Rúa les quitó el 13% a los jubilados, aun cuando no se pagaba el 82%.
En cambio, la política de aumentos paulatinos y constantes que practica el Gobierno ha subido la jubilación mínima de 150 pesos en 2003 a 1.090 en 2010. Se otorgan incrementos viables y permanentes, fijados por ley, que se relacionan con los salarios de los trabajadores en actividad y la recaudación fiscal, que son las fuentes de financiamiento de la seguridad social. Refiriéndose a insensateces análogas, se ha dicho: “Se prefirió perseguir lo impracticable, a riesgo de perder lo posible. Es una de las necedades gubernamentales más conocidas” (Barbara Tuchman, La marche folle de l’histoire, París, 1985).
Lo que ocurre es que, otra vez, el objetivo no es mejorar la situación de los jubilados, sino desgastar al Gobierno, sea provocando una crisis fiscal si se concede el aumento; o presentándolo ante la opinión pública como sádico, en una operación mediática. Se reitera la conducta: la ofuscación impide pensar.
Desfinanciamiento y más gastos. El arco opositor se ha propuesto desfinanciar al gobierno. De tal modo creen, en un cálculo de mínima, que pueden frustrar las obras públicas y las nuevas conquistas sociales, lo cual disminuiría las posibilidades electorales del oficialismo; y en una esperanza de máxima, que se desencadenaría una crisis financiera de tal magnitud que voltearía al Gobierno. Para eso, por una parte le quitan ingresos al Estado nacional y por el otro le imponen pesadas obligaciones financieras.
Algunos de los recursos que se le quitarían al Gobierno Nacional son: primero, la autorización para retener el 15% de los impuestos coparticipables; según los proyectos presentados, tiene un costo fiscal que oscila según sus distintas modalidades, entre 78.790 millones de pesos y 20.320 millones. Segundo, la coparticipación a las provincias del impuesto al cheque, con un costo fiscal de 9.800 millones de pesos. Tercero, oposición al uso de reservas para pagar deuda externa, lo cual hubiera recargado al presupuesto nacional en 6.569 millones de dólares. Por el otro lado, se le imponen al Gobierno nuevos y pesados gastos. Los que implican el 82% jubilatorio oscilan entre 22.400 millones de pesos a 140.000 millones, según su cobertura.
Frente a esta realidad surgen preguntas obvias: ¿están bloqueados para pensar más allá de lo inmediato? ¿O han renunciado a gobernar y entonces no les importa que se establezcan futuras trabas insalvables? La ecuación de la insensatez no parece seducir a una sociedad argentina que, paso a paso, toma conciencia de la magnitud de los cambios realizados y de las transformaciones en marcha.
"Cuando elegí ser Evita sé que elegi el camino de mi pueblo. Ahora, a cuatro años de aquella elección, me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así. Nadie sino el pueblo me llama Evita. Solamente aprendieron a llamarme así los Descamisados. Los hombres de gobierno, los dirigentes políticos, los embajadores, los hombres de empresa, profesionales, intelectuales, etc., que me visitan suelen llamarme "Señora", y algunos incluso me dicen publicamente "Excelentísima o Dignísima Señora" y aún a veces, "Señora Presidenta". Ellos no ven en mi más que a Eva Perón. Los Descamisados, en cambio, no me conocen sino como Evita. Yo me les presenté así, por otra parte, el día que salí al encuentro de los humildes de mi tierra diciéndoles que "prefería ser Evita" a ser la esposa del Presidente si ese Evita servía para mitigar algún dolor o alguna lágrima. Y cosa rara, si los hombres de gobierno, los dirigentes, los políticos, los embajadores, los que me llaman "Señora" me llamasen Evita me resultaría tal vez tan raro y fuera de lugar como que un "pibe", un obrero o un persona del pueblo me llamase "Señora". Pero creo que aun más raro e ineficaz habría de parecerles a ellos mismos. Ahora si me preguntasen que prefiero, mi respuesta no tardaría en salir de mí: me gusta más mi nombre de pueblo. Cuando un pibe me nombra Evita me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama Evita me siento con gusto "compañera" de todos los hombres."
"La Razón de mi Vida" , 1951.
ACTA DE LA INDEPENDENCIA DE LAS PROVINCIAS UNIDAS EN
SUD-AMERICA
En la benemérita y muy digna Ciudad de San Miguel del Tucumán a nueve días del mes de julio de mil ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado, objeto de la independencia de los Pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España; los Representantes sin embargo consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya, Pueblos representados y posteridad; a su término fueron preguntados:
¿Si querían que las Provincias de la Unión fuesen una Nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Aclamaron primero llenos del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su un nime y espontáneo decidido voto por la independencia del País, fijando en su virtud la determinación siguiente:
Nos los Representantes de las Provincias Unidas en Sud América reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unámime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama.
Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un Manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.
Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros Diputados Secretarios.
Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San Juan, Presidente
Mariano Boedo, Vice Presidente, Diputado por Salta
Dr. Antonio Sáenz, Diputado por Buenos Aires
Dr. José Darragueira, Diputado por Buenos Aires
Fray Cayetano José Rodríguez, Diputado por Buenos Aires
Dr. Pedro Medrano, Diputado por Buenos Aires
Dr. Manuel Antonio Acevedo, Diputado por Catamarca
Dr. José Ignacio de Gorriti, Diputado por Salta
Dr. José Andrés Pacheco de Melo, Diputado por Chibchas
Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado por la Ciudad de Jujuy y su territorio
Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba
Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza
Dr. Pedro Miguel Aráoz, Diputado por la Capital del Tucumán
Dr. Esteban Agustín Gazcón, Diputado por la Provincia de Buenos Aires
Pedro Francisco de Uriarte, Diputado por Santiago del Estero
Pedro León Gallo, Diputado de Santiago del Estero
Pedro Ignacio Rivera, Diputado de Mizque
Dr. Mariano Sánchez de Loria, Diputado por Charcas
Dr. José Severo Malabia, Diputado por Charcas
Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado por La Rioja
Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Diputado por Córdoba
Dr. José Colombres, Diputado por Catamarca
Dr. José Ignacio Thames, Diputado por Tucumán
Fray Justo de Santa María de Oro, Diputado por San Juan
José Antonio Cabrera, Diputado por Córdoba
Dr. Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza
Tomás Manuel de Anchorena, Diputado de Buenos Aires
José Mariano Serrano, Diputado por Charcas, Secretario
Juan José Paso, Diputado por Buenos Aires, Secretario.
En los primeros diez años del siglo, casi una decena de países en todo el mundo ha transformado en ley el derecho al matrimonio de las parejas integradas por personas del mismo sexo. El primero de ellos fue Holanda, precisamente en 2001. La Cámara de Senadores debe decidir ahora si la Argentina se incorpora a ese grupo de países que ha ampliado el marco de los derechos que garantiza a sus ciudadanos, o si se repliega al de los que prefieren mantener las legislaciones tradicionales, con toda su carga de discriminación y de prejuicio.
Si logran imponerse los que han optado por restringir los derechos, y conservar por lo tanto la institución matrimonial como privilegio exclusivo de las parejas heterosexuales, la igualdad ante la ley habrá retrocedido un casillero. Los activistas de este bando, como se sabe, actúan desde convicciones confesionales a las que pretenden dar valor universal, o desde concepciones arcaicas de la familia, o desde el mero prejuicio. En cualquier caso, deberían saber que su éxito –además de causar dolor y desaliento a los damnificados– no hará más que retrasar temporariamente la sanción de un derecho que seguramente va a extenderse a todo el mundo en los próximos años.
Ello es así porque lo que ha sucedido es que en las sociedades contemporáneas se ha hecho visible con absoluta nitidez una necesidad: la de miles de hombres y mujeres cuyas uniones carecen de la protección legal de la que disfrutan otras, y que padecen la frustración de no poder adoptar y criar a sus propios hijos. Y nuestras sociedades perciben también que, parafraseando a Eva Perón, allí donde hay una necesidad nace un derecho.
Ha sucedido antes, con otras reformas que fueron duramente resistidas por sectores sociales análogos a los que se resisten a ésta. Hoy resultaría difícil imaginar a quien no los conociera de antemano, por ejemplo, los argumentos que se oponían a la enseñanza laica o al divorcio vincular. Es que han sido barridos por la historia: el mismo destino que aguarda a los que se esgrimen contra la reforma del matrimonio.
Si los senadores, en cambio, aprueban el proyecto que ya tiene la media sanción de Diputados, no sólo habrán hecho justicia, sino que habrán contribuido a que nuestro país se ubique con firmeza entre los que impulsan la extensión de los derechos, no su restricción. Los rebeldes checos que lideraron en 1968 el proceso de reformas que se conoce como la Primavera de Praga, y que se proclamaban socialistas y democráticos, soñaban con una sociedad que asegurara a sus miembros “más derechos que los que ha tenido cualquier otra sociedad en la historia”. Una historia que cada tanto ofrece una oportunidad para ponerse en ese camino. Esta es una de ellas.
Jorge Rivas, Diputado Nacional por el Partido Socialista.
Hace más de dos décadas que comenzaron a desembarcar en América latina los agentes del mercado educativo, tanto desde empresas privadas como desde organismos internacionales. El proyecto ALFA Tuning incluyó a nuestra región desde 2002, cuando avanzó en la creación de un Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión europea, América Latina y el Caribe (Uealc). Fue acompañado por numerosos acuerdos bilaterales y multilaterales entre organismos internacionales, universidades, fundaciones empresariales y empresas.
En 1999, los ministros europeos de Educación firmaron en Bologna, Italia, el llamado “Espacio europeo de educación superior”, donde participan activamente autoridades universitarias, académicos neoliberales y empresarios. La razón de ser de ese espacio es que la educación alcanza un presupuesto anual mundial de cerca de 1 billón de dólares, con 50 millones de trabajadores y una clientela potencial de mil millones de alumnos. Se trata de la más cautiva de las clientelas posibles en la medida en que se logre deteriorar la función educativa de los Estados.
A diferencia de lo propugnado por los organismos internacionales, la articulación entre sistemas escolares, la correlación y validación de estudios, la movilidad internacional de estudiantes y docentes, la coordinación de los criterios de evaluación, y otras medidas que se están tomando, no son neutrales. Varios congresos internacionales de educación superior que se han realizado en América latina en la última década tienen el claro objetivo de alinear la región en los términos impuestos por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para extender el que se había realizado previamente en Sevilla, en 2005, se realizó el II Encuentro de Rectores de Universia, una red de universidades orientada hacia el mercado desde la cual los invitados fueron convocados por Emilio Botín, presidente del Banco Santander. En mayo se reunieron en Guadalajara, México, 985 rectores de universidades iberoamericanas, empresarios, ONG y representantes de gobiernos, “para marcarles a los países de Latinoamérica el camino que creen que hay que recorrer para construir un espacio iberoamericano del conocimiento, al estilo de lo que ha hecho (...) el proceso de Bologna en Europa” (El País, Madrid, 1-6-10).
Más allá del palabrerío pseudoprogresista que enmarca las declaraciones surgidas del proceso de Bolonia, el eje sobre el cual se apoya esta reforma de las universidades es la implantación universal de guías sobre lo que una bizarra asociación entre especialistas en educación y representantes de los intereses financieros internacionales entiende por “calidad” de los conocimientos y de las competencias, así como criterios e ítem de evaluación adecuados a estándares que permiten construir rankings de instituciones, graduados y alumnos. Una guía detallada al servicio de las necesidades empresariales de selección de personal. La creación de agencias privadas de evaluación de la calidad educativa y acreditación es una herramienta del mercado educativo que sustituye al Estado en una función que le es propia.
Urge que nuestra región consolide el principio de la Ley de Educación Nacional de 2006, que establece que la educación es un bien social no transable, y profundizar la orientación que proporcionó a la política de educación el acuerdo sellado entre Argentina y Brasil en 2007, que rechaza la apertura del mercado libre de la educación considerada por la OMC como un bien transable. Es necesario detener el avance del neoliberalismo educativo en nuestros países. El Mercosur y el Unasur son los espacios para ponerle límites y hacer acuerdos regionales para reformar nuestra educación superior con soluciones democráticas, nacionales y populares. Estos términos, lejos de ser demagógicos, contienen una larga experiencia en la política educativa latinoamericana y expresiones actuales exitosas, así como la aprobación de la mayor parte de la comunidad de la educación superior argentina.
Por unanimidad, los ministros de la Corte revocaron la decisión de la Justicia mendocina. Sin embargo, la ley de medios seguirá suspendida por un fallo similar en Salta. Se calcula que ahora la Cámara salteña levantaría la medida.
“Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes (de modo general) ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860.” La advertencia surge de uno de los párrafos centrales del fallo de la Corte Suprema que ayer revocó, por unanimidad, la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza que había suspendido la aplicación de la ley de servicios audiovisuales íntegra a pedido del diputado del peronismo federal Enrique Thomas. La resolución de los jueces supremos tiene la impronta de un llamado de atención hacia todos los tribunales y fija un límite frente a lo que ven como una tendencia creciente a paralizar normas, disposiciones o políticas de gobierno con medidas cautelares. También sostiene que ningún legislador puede impugnar en el ámbito judicial el proceso de sanción de una ley para tratar de “reeditar” así un “debate que perdió en el Parlamento”. Admitirlo, dice la Corte, sería violentar la división de poderes y “abriría el camino hacia la anarquía poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes”.
Frente al fallo de la Corte, la ley de medios no recobrará su vigencia de manera automática porque todavía sigue en pie una medida cautelar dispuesta por el juez de Salta, Miguel Medina. El caso salteño, promovido por otra peronista disidente, la diputada Zulema Daher, llegó con la apelación del Gobierno a la Cámara Federal de la provincia, y sería resuelto entre hoy y mañana.
Dos integrantes de la Corte tradujeron a Página/12 el espíritu del fallo: “Queremos evitar que los jueces gobiernen a través de medidas cautelares”. El fallo que firmaron los siete jueces del alto tribunal (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Enrique Petracchi y Carlos Fayt) está en sintonía con el dictamen del procurador Esteban Righi. No analiza la constitucionalidad del contenido de la ley sino que revoca la medida cautelar que la congeló con el fin –enfatiza– de “corregir una deformación que introduciría el caos en la vigencia de las leyes sancionadas por el Congreso lesionando para siempre el ejercicio de los poderes constitucionales”. El texto de la Corte desarrolla cuatro conceptos decisivos, basados en la propia doctrina suprema:
- La discusión por la suspensión judicial de toda la ley de medios es un asunto “de gravedad institucional” porque “compromete” al “principio de división de poderes” al “neutralizar” la ejecución de una norma aprobada en el Congreso y al sistema mismo de “control de constitucionalidad”.
- Thomas no tiene legitimación como ciudadano para cuestionar la ley porque no demuestra un perjuicio directo ni un “interés concreto” y “diferenciado”. Tampoco la tiene como supuesto representante del “interés de todos los ciudadanos” porque eso “deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la Legislatura y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares”. La Corte, además, no puede evaluar la constitucionalidad de una ley “en abstracto”, sino un caso concreto con derechos afectados.
- Thomas fue electo, dice la Corte, para representar a los ciudadanos en el ámbito del Congreso, pero no puede pretender lograr en el terreno judicial la “reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo”. Sólo podría reclamar legitimación si demostrara “un daño claro, directo inmediato de sus prerrogativas legislativas”, pero no lo hizo. “No surge” que haya sido “inequívocamente privado de ejercer las atribuciones que le asisten como legislador”.
- Ningún tribunal puede suspender o derogar una ley con efectos generales para toda la población. Ni Thomas ni ningún legislador “representa a la cámara legislativa que integra ni al pueblo de la Nación, por lo cual se arribaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado sino que, incluso, podrían no compartirla”, sostiene el fallo. “Una cautelar que suspende la vigencia de toda la ley” afecta “el principio constitucional de división de poderes”, “al modelo de control de constitucionalidad” y “no respeta el criterio de razonabilidad”, agrega. “La dispersión de una potestad contralegislativa de semejante magnitud es inimaginable, dado que abriría el camino hacia la anarquía poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes”, alerta.
“Lo importante –celebró Joaquín Da Rocha, jefe de los abogados del Estado– es que la Corte ha puesto las cosas en su lugar. Podían tan solo haber cuestionado la legitimación de Thomas, pero dijeron mucho más: si ante cada ley un juez la invalida, no va a haber más leyes.” Thomas, despechado, difundió un comunicado donde dice que “la celeridad con que el máximo tribunal ha resuelto un asunto de tamaña complejidad es, cuanto menos, llamativa”.